Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas
Aprobada mediante Resolución 14-95 SGP, Consejo Académico de la Universidad de Panamá, el 16 de agosto de 1995.
Actualizada mediante Resolución de la Comisión Técnica de Fiscalización No. CTF-64-2011, el 27 de diciembre del 2011.
Duración: 4 años y 4 meses (13 cuatrimestres)
Objetivos Generales:
- Fomentar en los profesionales del derecho una actitud crítica para la valoración de los problemas naciones desde una perspectiva jurídica;
- Desarrollar el interés por la investigación jurídica científica, a fin de que cada profesional dé respuestas concretas a los problemas y necesidades de su entorno;
- Formar abogados con una conciencia de absoluto respeto al orden jurídico y a los principios que rigen y orientan al Estado de Derecho;
- Desarrollar en el estudiante el interés por conocer el ordenamiento jurídico panameño, al igual que en actualizarse respecto de los cambios que constantemente éste experimenta.
- Formar profesionales con la cultura jurídica necesaria para la eficaz realización de las actividades propias del ejercicio profesional y que coadyuven a las transformaciones que demanda el desarrollo nacional.
Objetivos específicos:
- Determinar los elementos característicos del Derecho Público y del Derecho Privado, estableciendo las notas distintivas entre cada uno.
- Clasificar cada una de las disciplinas jurídicas, según formen parte del Derecho Público o Privado;
- Identificar y conceptualizar las instituciones y principios jurídicos básicos de cada una de las ramas del derecho;
- Identificar los hechos históricos de mayor relevancia en la evolución y desarrollo del derecho panameño;
- Describir cada una de las jurisdicciones que existen en Panamá, señalando los aspectos característicos de cada una;
- Definir el concepto de proceso e identificar las etapas que componen los principales procesos que la legislación panameña regula;
- Describir la estructura del ordenamiento jurídico panameño, destacando la trascendencia que en él tiene la Constitución Política;
- Emplear adecuadamente las instituciones que el derecho panameño consagra para la defensa de la Constitución y de los derechos fundamentales.